Desde hace cinco años se pretende construir el Proyecto Baba en territorios de comunidades ribereñas de la cuenca del río Baba – Quevedo – Vinces, de la provincia de Los Ríos (Ecuador). El proyecto pretende trasvasar el agua del río Baba a la represa Daule – Peripa, reduciendo el 80% del caudal del río Baba. Anteriormente Odebrecht figuraba como parte del consorcio privado responsable de la ejecución y operación de la obra. Ante la suspensión de los trámites de permiso para construir el proyecto en los últimos meses, esta responsabilidad ha sido trasladada a manos del Estado. Sin embargo, de acuerdo a lo anunciado por el nuevo Ministro de Electrificación y Energías Renovables, la brasilera va a continuar siendo constructora de la obra.
Odebrecht continúa con la construcción del proyecto, a pesar de que ha llevado adelante -conjuntamente con grandes grupos económicos de la región - un proceso caracterizado por irregularidades legales y falencias técnicas y ambientales. Los problemas de este proyecto se mantienen hasta la fecha y amenazan con graves impactos ambientales en el ecosistema de la cuenca del río Baba, y en consecuencia con el desmedro del goce de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones que viven de esta cuenca, en especial los derechos a la alimentación, al agua y la salud.
Los Estados son los responsables principales de las violaciones que suceden dentro de sus fronteras. Sin embargo, a medida que las fronteras dejan de existir para el capital y las mercancías, los Estados pierden su capacidad de incidir como actores principales en la implementación de los Derechos Humanos. En varios países, la presencia de varias transnacionales está poniendo en peligro el disfrute de los derechos más elementales de los seres humanos.
En América del Sur estamos viviendo una ola “integradora” de carácter económico y político promovida por los gobiernos de la región. En el aspecto económico, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IRSSA), y los acuerdos sobre biocombustibles perfilan la participación de los gobiernos más industrializados y las llamadas “translatinas” como los mayores ganadores de estos procesos.
Es el momento preciso para preguntarse: ¿Bajo qué reglas de juego participan estas translatinas en el mercado sudamericano? ¿Están practicando los mismos patrones de conducta de transnacionales del norte, violatorios a los Derechos Humanos? ¿Tienen alguna responsabilidad los países de donde vienen estas translatinas en garantizar que se respeten los derechos de los pueblos donde ellas operan?
Odebrecht continúa con la construcción del proyecto, a pesar de que ha llevado adelante -conjuntamente con grandes grupos económicos de la región - un proceso caracterizado por irregularidades legales y falencias técnicas y ambientales. Los problemas de este proyecto se mantienen hasta la fecha y amenazan con graves impactos ambientales en el ecosistema de la cuenca del río Baba, y en consecuencia con el desmedro del goce de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones que viven de esta cuenca, en especial los derechos a la alimentación, al agua y la salud.
Los Estados son los responsables principales de las violaciones que suceden dentro de sus fronteras. Sin embargo, a medida que las fronteras dejan de existir para el capital y las mercancías, los Estados pierden su capacidad de incidir como actores principales en la implementación de los Derechos Humanos. En varios países, la presencia de varias transnacionales está poniendo en peligro el disfrute de los derechos más elementales de los seres humanos.
En América del Sur estamos viviendo una ola “integradora” de carácter económico y político promovida por los gobiernos de la región. En el aspecto económico, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IRSSA), y los acuerdos sobre biocombustibles perfilan la participación de los gobiernos más industrializados y las llamadas “translatinas” como los mayores ganadores de estos procesos.
Es el momento preciso para preguntarse: ¿Bajo qué reglas de juego participan estas translatinas en el mercado sudamericano? ¿Están practicando los mismos patrones de conducta de transnacionales del norte, violatorios a los Derechos Humanos? ¿Tienen alguna responsabilidad los países de donde vienen estas translatinas en garantizar que se respeten los derechos de los pueblos donde ellas operan?
